Un examen muy dificil

  • 18/06/2018
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Miles de estudiantes vuelven a los aularios de los campus para pasar una hora y media resolviendo problemas de matrices, funciones, estadística y límites. Tienen cita con el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, un paso obligatorio para todos los alumnos que proceden de esta rama de Bachillerato al que también se presentan de forma voluntaria desde otros itinerarios de la LOMCE, sobre todo de Ciencias. Buscan cerrar una prueba que puntúa mucho o bien mejorar su expediente para pasar las elevadas notas de corte de las carreras más demandadas.

Sufren. La opción más fácil de las dos disponibles en los papeles que les acaban de repartir, la A, tiene algunos enunciados que hay que leer varias veces y trucos de lógica escondidos. Pero la opción B, con diez apartados en tres problemas, es una carretera traicionera. Tras un arranque tonto -cálculo de matrices, trabajo mecánico- hay una recta donde, si no vas en primera, se te pasa recordar la base teórica de las funciones y acabas desbarrando con una respuesta incorrecta. Cuando casi se ve la meta, lo que se presenta como un ejercicio de probabilidad cómodo de visualizar con tres juegos de llaves, se convierte en un bosque de posibilidades interdependientes del que el cerebro sólo sale quemando toda la glucosa que queda en el cuerpo. Entregan. Ha sido un examen duro para algunos; una tremenda injusticia para otros.

Horas después de la tarde del 5 de junio, una alumna llamada Raquel García pide en la plataforma Change.org la impugnación de este examen de matemáticas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad Valenciana.«El motivo principal de la impugnación es el alto nivel de dificultad del examen comparado con todos los años anteriores. Los alumnos no hemos sido capaces de demostrar nuestros conocimientos de la misma forma que durante todo el curso. No tiene sentido que muchísima gente que ha estado sacando dieces durante todo el curso, ahora no pueda llegar ni al 7», decía en su párrafo principal.

Y se hace viral. «Con el de los llaveros se han pasado», apostillaba otro firmante. El voto de 42 personas lo convierte en el comentario más valorado, y, por tanto, en el mascarón de proa de lo que ya es un transatlántico de indignación en el que parece viajar el 32% de los 18.400 alumnos que han hecho la selectividad en la región: más de 6.000 personas apoyan la demanda en este portal de denuncia ciudadana. Tiene un objetivo: lograr que la Conselleria de Educación y su responsable, el conseller Vicent Marzà, anule este examen por «extremadamente difícil», «injusto» y «enrevesado y abusivo».

La red va a hacer posible que lo que hace veinte años no hubiera podido pasar de una conversación nerviosa a la salida del aulario -reforzada quizá con rumores por SMS sobre quejas en otras provincias- vaya a convertirse en asunto de interés público.

A principios de esta semana, el asunto era noticia en varios medios. La actualidad quiso que la demanda coincidiera con una filtración de exámenes de la PAU de Extremadura y con otras dos peticiones de anulación de exámenes: una relativa a la misma asignatura en la selectividad del País Vasco y otra contra el de C1 de Valenciano de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, al que se presentaron 20.000 personas. Los dos han sido también cuestionados por su dificultad.

Alumnos, periodistas, padres y profesores de bachillerato ponían sus ojos en la Comisión Gestora de Procesos de Acceso y Preinscripción del Sistema Universitario Valenciano. Parecía que, por el contexto y por el tono -«cuando todos los estudiantes, incluso los más brillantes, salen desesperados llorando y con ataques de ansiedad debido a la gran dificultad del examen, algo pasa», reza un comentario en la plataforma-, alguien debía dar explicaciones y tomar medidas.

Este artículo es el resultado de un examen a un examen y cuenta la historia de una polémica que fue creada y enterrada por la estadística. Se disparó por un complejo ejercicio de probabilidad y desapareció a los diez días al saberse la nota media de los estudiantes: una fuente de la Conselleria de Educación confirmó a este diario el pasado viernes que la calificación del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la Comunidad ha sido de 5,48, apenas trece centésimas menos que la del año pasado, que fue de 5,61.

«Las notas van a demostrar que a pesar de todo el ruido que se ha montado, el de Matemáticas de Ciencias Sociales era una examen completamente normal», aseguraba confiado el jueves por teléfono Toni Gil, profesor de la UJI de Castellón y coordinador general de la selectividad desde hace 17 años.

Vida y muerte de un examen

La concepción de la prueba de matemáticas fue a finales de octubre de 2017. Begoña Subiza y Juan Francisco Monge, profesores de ADE en la UA y la UMH de farmacia, se sentaban con 114 docentes encargados de enseñar Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (MCS) en los institutos de la provincia. Rafael López, de la Universitat de València, José Mas, de la Politécnica, y Manuel Sanchís, de la UJI, hacían lo propio en València y Castellón. Era la reunión anual entre la Comisión de Materia y los institutos, la cita donde se gesta el examen de la PAU.

En la región, detrás de cada prueba de selectividad hay una comisión formada por un experto de cada universidad pública. Su única función es diseñar un examen acorde al nivel de los alumnos de Secundaria que cumpla también con los criterios de las universidades.

Los especialistas, como se llama a sus integrantes, suelen dar clase en los primeros cursos de los grados. «Son gente conectada a los estudiantes de Bachillerato y de primer ciclo, por lo que saben cómo está el nivel a ambos lados de la PAU», explica Javier Gómez, vicerrector de Estudiantes de la UMH.

La de MCS es una comisión estable: la única incorporación nueva en los últimos años ha sido la de la catedrática de UA, que debutaba este año.

«La reunión de octubre se hace para llegar a acuerdos con los profesores y para interpretar el currículo de la asignatura. Se pretende que la estructura del examen sea igual a la de años anteriores, pero no los contenidos», añade Gómez. Es un trámite necesario que aporta transparencia al proceso. «Básicamente lo que quieren los institutos es que los especialistas les digan "esto casi seguro que cae y esto no lo vamos a poner"», cuenta un exdirector de un centro de Secundaria que ha trabajado durante trece años en la coordinación de la selectividad.

En algunas comisiones figura como sexto miembro un profesor de Secundaria, pero como explica Gómez, su labor como enlace entre el instituto y la universidad, termina en el mes de marzo. «Es cuando los especialistas empiezan a diseñar los exámenes, y obviamente este profesor es parte interesada y no puede participar», explica el vicerrector. El proceso excluye incluso a los especialistas si tienen algún vínculo con los examinados. De hecho, Subiza tuvo que inhibirse de participar un año porque su hija se presentaba a la PAU.

La confección del examen está determinada por el currículo de la asignatura, un documento que publica la Conselleria de Educación con tiempo suficiente para que profesores y editoriales preparen el material del nuevo curso. Así, en el de MCS se especifica que durante el año los alumnos deben aprender a solucionar problemas de programación lineal, matriz de rango tres e inversa, límites, intervalos de crecimiento y decrecimiento y probabilidad.

También pesan los compromisos adquiridos en la reunión de octubre. «Los especialistas pueden hacer exámenes más de razonar o de calcular, pero no se mueven mucho de ahí», apunta el citado excoordinador de PAU.

Con estos ingredientes, cada grupo de especialistas trabaja bien en reuniones presenciales o vía internet en tres exámenes distintos pero similares. Por convención, la opción A debe quedarles siempre un poco más fácil que la B, según esta fuente. El trabajo es absolutamente confidencial y sólo estas cinco personas conocen su contenido.

A mediados de mayo, los tres exámenes se remiten en sobres cerrados al coordinador general, Toni Gil.

La logística de lo exámenes PAU los eleva a la categoría de información clasificada. Uno de los coordinadores de las universidades recibe los sobres y elige uno para la convocatoria de junio. De los otros dos, uno se reserva para la prueba de julio y otro se guarda como examen de sustitución por si hay errores u otros contratiempos. El proceso de fotocopiado y empaquetado de los ejemplares es supervisado personalmente por Gil, también doctor en Álgebra por la UJI de Castellón.

Las copias se distribuyen en cajas cerradas y de diferente color -uno por cada uno de los tres días de selectividad- y son distribuidas en camión por la Comunidad. Cuando llegan a cada uno de los 11 tribunales de la provincia, distribuidos en aularios de la UMH y la UA, son custodiadas «por un vigilante de seguridad que duerme junto a ellas», como cuenta el citado coordinador. No se mueve de su lado hasta que termina la selectividad.

Cuando los alumnos entregan, los tribunales los mandan a un equipo de correctores, del que a veces forman parte los especialistas. Cada examen lleva un código de asignatura, alumno y nota para evitar que el corrector pueda reconocer al estudiante y favorecerle. Si encuentran marcas, símbolos o mensajes en las respuestas, deben informar al tribunal.

Hacer un examen de selectividad requiere de un protocolo complejo, colegiado y garantista. Es comprensible que la noticia haya alarmado a los responsables de velar por ella. «La PAU es una prueba que se trabaja de forma muy seria, me da mucha confianza», afirma el excoordinador referenciado.

6.000 quejas, 0 reclamaciones

Durante los diez días que se han extendido las informaciones sobre el examen y las firmas en la web, nadie -nadie- ha usado el mecanismo de garantías de la comisión gestora de la PAU, como confirman desde la Comisión Gestora y desde la Dirección General de Universidad de la conselleria. Acudir a él es un poco más complicado que poner un comentario en una web desde el sofá, pero a través de este canal la administración tiene obligación de responder. Tanto alumnos como centros pueden presentar reclamaciones ante los tribunales si creen que algo no ha ido bien durante las pruebas o en su corrección.

En la Comisión de la PAU la sorpresa iba convirtiéndose en indignación conforme avanzaba la semana. «Llevo cuatro días leyendo que el examen ha sido abusivo y que miles de firmas piden la retirada, pero ninguna de las universidades ha recibido ninguna reclamación y ni mucho menos una solicitud de impugnar el examen», contaba con hastío Gil. «No he puesto en marcha ningún protocolo porque sencillamente nadie lo ha pedido. No voy a hacer algo por un campaña en internet sin sentido», remachaba. En sus 17 años al frente de la selectividad valenciana, no recuerda que se haya producido «ninguna impugnación» de un examen. Sí ha habido esta selectividad «dos o tres» reclamaciones sobre otras asignaturas. «Suele ser lo habitual», añade Gil.

No tan difícil

Antes de que el viernes se supiera que la PAU de este año había sido aprobada por el 97,4% de los estudiantes y que la nota media de MCS era apenas una décima más baja que la de 2017, la gran mayoría de los estudiantes, profesores y coordinadores consultados por este diario mostraban su perplejidad por la dimensión que habían adquirido las quejas, que habían seguido goteando hasta el cierre de esta edición. Por otro lado, la petición sólo sumó 30 firmas nuevas después de que los alumnos supieran su nota el viernes a las dos de la tarde.

Javier Pastor, profesor de MCS en el instituto María Blasco de San Vicente del Raspeig y también docente en el departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la UA, cree que la prueba sólo podía ser considerada «un poco más difícil que otros años» pero que estaba «ajustada a los criterios». Mirando una copia del examen se reafirma. «Hay matrices de tres por tres, que son básicas en este examen por un compromiso no escrito con los institutos. Ejercicios de dominio, asíntotas... Quizá la función del segundo problema de la opción A tenga algo de dificultad, pero está dentro de la normalidad. Como mucho puede hacer perder un punto en la nota», argumenta.

Lucía Utrera, alumna de 2º de Bachillerato del IES Gaia de San Vicente, hizo la prueba y es crítica con quienes movieron por Whatsapp la petición. «Una compañera iba a empezar a pedir la firma por los grupos de la clase y le dijimos que no lo hiciera. No creo que porque alguien necesite mucha nota para la carrera, quiera aprobar como sea o esté buscando una beca haya que llegara esto. La verdad es que me ha sorprendido mucho lo que ha pasado», cuenta por teléfono. Su compañera Andrea, también con un expediente de más de ocho en Bachillerato, asegura que «el examen era difícil para diez, pero no para siete ni para cinco».

El profesor que les ha enseñado matemáticas este año, José Aurelio Pina, detecta «cosas que no han salido en diez años» entre los enunciados -como los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función racional en la opción fácil del examen- y cree que «la PAU no es el lugar de preguntar cosas que se salen de lo básico». Pero aunque él no hubiese puesto ese tipo de preguntas, sostiene que «la única razón que se me ocurre para impugnar un examen de PAU es que se pregunte por algo que no aparece en el currículo, y en este caso no ocurre».

La catedrática de la facultad de Económicas y miembro de la comisión de MCS se muestra completamente tranquila. Cree que el hecho de que en muchos institutos se dedique el año a preparar el examen PAU termina mecanizando el pensamiento de los alumnos. Se muestra partidaria de estudiar otras fórmulas de acceso a la universidad, como han propuesto algunos partidos políticos.

Entre los encuestados, el catedrático de Secundaria y exprofesor del IES San Blas de Alicante José Antonio Mora es uno de los dos que ha firmado el escrito online de impugnación. Cree que «con libros de 350 páginas» y un currículo tan amplio «los profesores no pueden arriesgar mucho» y detenerse a trabajar en clase aspectos originales y poco habituales de los ejercicios como los que considera que han convertido este examen en «una prueba para que no pase todo el mundo».

Sólo otra persona entre las contactadas por este diario ha dejado su firma en Change.org. Es una de las alumnas alicantinas que lideró a principios de semana la protesta explicando su caso ante los medios. Pide que no se la identifique porque la repercusión que ha tenido le está «superando». «Eran preguntas rebuscadas y difíciles de entender. Yo iba a por el 10 y ahora me espero un 7 y pico» contaba agobiada el jueves. Necesita más de un 13 -la nota máxima que se puede sacar en la PAU es 14- para entrar en una carrera que sólo tienen dos universidades públicas del país.

Lo más irónico de esta polémica sin fuste es que, según confirman fuentes de la Comisión de la PAU, la nota de esta alumna en el examen que ha querido impugnar ha sido finalmente un 10. Afortunadamente para ella, lo pidió en lugar equivocado.

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