Propiedad y semillas

  • 23/10/2014
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Un breve repaso por la aparición del concepto jurídico de la propiedad total e individual y el caso del patentamiento de semillas.

 

El régimen jurídico de las semillas.

Propiedades  y posibilidades.

 

Si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, cabe preguntarse en cada caso qué se entiende por principal y accesorio y a efectos de qué. ¿Es el trabajo accesorio a la tierra? ¿Es la tierra accesoria a la planta? Es la planta accesoria a la patente? ¿Es la semilla accesoria al evento genético que la hace resistente al veneno? ¿Son el trabajo, la tierra, la planta y la semilla, por fin, accesorios al veneno? Esta es la pretensión de Monsanto, por ejemplo, de atenerse a sus requerimientos de observar a su respecto la exclusividad, regularidad y continuidad en el pago de regalías por la resistencia de las plantas a sus propios insecticidas

 

Dueños y usuarios de las cosas. Dominio perfecto e imperfecto.

Sin propiedad colectiva, y perdida la oportunidad de su sanción por intermedio del proyectado Código Civil y Comercial, del que se quitó al momento de su presentación por el Poder Ejecutivo a las Cámaras, sólo existe en nuestro país la propiedad en sentido de derecho real de dominio, con sus derivaciones y limitaciones. Este es el "Derecho Real Perfecto", individual, completo, integral, pacífico y continuo, que una larga tradición institucional ha logrado naturalizar.

 

Trabajo manual y trabajo intelectual.

De acuerdo al Código Civil, las semillas le corresponden al dueño de la tierra (Artículo 2519), en virtud de hacer corresponder la característica de lo principal (la tierra) a lo accesorio (las plantaciones y sus semillas), pero ello bajo la presunción de haber sido tal dueño quien realizó las plantaciones, presunción que evidentemente no admite prueba en contrario, constituyendo una ficción jurídica[1]. La aclaración que dicho artículo posee respecto de abstraer en orden a la determinación de dicha propiedad el "valor de los trabajos", distingue esta situación del régimen elegido para las "obras de arte", explicitado en el Artículo 2335, en el que atribuye la propiedad de una cosa a quien la hubiera trabajado, "cuando el arte tuviera mayor valor o importancia que la materia en que se ha ejercido"[2]. La tarea del labriego era subsumida así en la consideración devaluada del "trabajo manual", en tanto que la del artista plástico era entendida en la consideración positiva del "trabajo intelectual".

 

Modernos y arcaicos.

La visión modernista de los pueblos originarios y de las comunidades locales, como sociedades "precientíficas", primordialmente recolectoras y cazadoras, y con una relación intuitiva y meramente emocional o utilitaria con la naturaleza, se cegó a los tratamientos genéticos que durante largos años la tarea de la siembra, selección y nueva cosecha fuera realizada por todos ellos. El maíz es un ejemplo notable de este trabajo que llevó siglos desde el llamado "teocintle" original hasta la aparición de la mazorca generosa en granos que hoy conocemos.

 

Creaciones y descubrimientos.

La ley de semillas N° 20.247, incluye entre las "creaciones fitogenéticas" a aquellas obtenidas por "descubrimiento", las que deben ser inscriptas en el Registro de Cultivares y establecer la relación de propiedad en el Registro de Propiedad de Cultivares. Este "descubrimiento", sin embargo no es un simple hallazgo, sino que está asociado con la domesticación del cultivo, en tanto debe ostentar las características que cualquier "obtención vegetal" debe poseer a fin de generar derechos a su respecto, de ser novedosa en su circulación o comercialización, con características notorias de distinción, con condiciones de homogeneidad suficiente, y con estabilidad en sus caracteres esenciales (de acuerdo al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales – art. 6 - y a la propia Ley de Semillas – art. 20).

 

Poder impuesto y contrato supuesto.

Del mismo modo como ocurrió con la tierra durante los siglos XVIII y XIX, en los que se consolidó la noción de propiedad privada como derecho de dominio, de poder absoluto sobre las cosas (derecho "real" por derivar del latín "res"= "cosa") con abstracción por las personas que vivían, cosechaban, cazaban, bailaban, o simplemente vivían en la cosa (su tierra de labranza y habitación), eliminando las tensiones que a ese respecto se presentaban, y estableciendo (naturalizando) como norma del derecho civil (de supuesta gestación horizontal) institutos, nociones y caracteres propios del derecho político (de inocultable imposición vertical), ocurre contemporáneamente con los frutos de esa tierra. Así como el propietario con su título de propiedad exigía el pago del arrendamiento, la patente de las semillas con su registro de titularidad, exige abonar el canon correspondiente.

 

Principios y excepciones.

A partir de la noción del derecho de propiedad como derecho de dominio, los derechos, la pluralidad de derechos que rodeaban a la posesión y tenencia de una finca cultivada o inculta, de los bosques y los lagos y las bestias por encima y por debajo de ellos, se volvieron "excepciones" al régimen general[3]. Así también, en nuestros días, el derecho del agricultor al uso de las propias semillas obtenidas de su labranza, devienen "privilegios" o "excepciones" al régimen de semillas certificadas.

 

Continuidad de la propiedad y provisoriedad de la siembra.

Así también, el carácter "perfecto" del derecho real de dominio sobre las cosas lo hace perseguible en varias de las etapas de utilización, como nuevas manifestaciones de su inagotable derramamiento. En efecto, los dueños de las patentes buscan regalías no sólo en las cosechas subsiguientes a la primera efectuada con la semilla portadora del evento patentado, sino también sobre su comercialización posterior, los productos derivados de ella, sus transformaciones, adaptaciones y hasta de sus residuos. En este sentido el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que forma parte de los textos jurídicos la Organización Comercial del Comercio, ratificados por la Ley N° 24.425, prudentemente indica no prever regulación alguna respecto del "agotamiento de derechos".

 

Hasta aquí el panorama desalentador, pero porque sólo hemos visto una parte de la cosa. A continuación, nos ocuparemos de señalar los instrumentos jurídicos vigentes y positivos para actuar en consecuencia.

 

Los derechos del agricultor y de las comunidades.

Sin embargo de todo ello, y en orden a su carácter de verdadero enfrentamiento de intereses económicos y estrategias de explotación de la tierra y del trabajo, el debate sobre la ley de semillas no puede simplificarse como de contraposición entre un derecho y sus "excepciones" o "privilegios" a la regla general de un "derecho real perfecto", sino como una tensión histórica y política entre DOS derechos imperfectos, que representan intereses, culturas y motivaciones diferentes y que en tal sentido merecen un debate sincero y frontal que no se quiere llevar a cabo, sustituyéndolo por meros encuentros de erudición técnica especializada en la negación del conflicto subyacente.

 

Sustrato jurídico de los derechos de agricultores y comunidades.

Existe un concierto de normas y obligaciones multilaterales que actualmente rigen entre las naciones, como el Convenio sobre Diversidad Biológica (ratificado por Ley N° 24.375) que establece la obligación de preservación y mantenimiento de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales; el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por Ley N° 24.071) que prevé consentimiento previo e informado de los pueblos originarios cada vez que se afecten los recursos naturales existentes en las tierras que tradicionalmente ocupan; del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que enumera los derechos del agricultor con relación a sus sembradíos y semillas, los cuales incluye su participación en las decisiones relacionadas con ellos y participación en los beneficios que reporten; y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, (ratificada por Ley N° 26.118), que define como “patrimonio cultural inmaterial” susceptible de protección  a “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades. En estas normativas se recupera el valor de los conocimientos y de las variedades vegetales tradicionales, constituyéndose en uno más de los denominados "derechos de propiedad intelectual" reivindicables y defendibles en los foros internacionales y en la jurisdicción nacional, con características propias de derecho de propiedad cultural, que la hacen insusceptible de apropiación privada. Este derecho de propiedad intelectual, cuando recae sobre un objeto que al mismo tiempo supone un recurso natural, de conformidad con el Artículo 124 de la Constitución Nacional corresponde sea reglamentado por los parlamentos provinciales en cuya jurisdicción se encuentre.

 

Ocupar la tierra, trabajar la tierra. Ocuparse del problema, trabajar el problema.

Sobre la falta de atención (por falta de inversión) a estos derechos, aparecerá la sombra de los obtenidos comercialmente, o en el mejor de los casos, como meras aspiraciones programáticas.

Actualmente se detecta un aprovechamiento de esta falta de atención por parte de empresas privadas, en su mayor parte extranjeras, que han obtenido beneficios comerciales e industriales derivados del uso del material genético autóctono, del cual existen numerosos ejemplos[4], sin reconocimiento ni mucho menos participación económica alguna en ellos.

Dicha reglamentación podrá incluir los aspectos vinculados a su reconocimiento, participación en los beneficios, la cual puede establecerse de conformidad con los lineamientos del Protocolo de Nagoya al Convenio sobre Diversidad Biológica, al cual nuestro país ha suscripto pero no ratificado, para el acceso de terceros al mismo (en ejercicio efectivo y mensurable de lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 226/10), y la determinación de su libre uso en las comunidades locales en el contexto de la pequeña agricultura familiar. A tal fin puede hacerse uso de los registros existentes en el Instituto Nacional de Semillas (Resolución INASE N° 22/06), para lograr la inoponibilidad de cualquier reivindicación de derechos sobre ellos por terceros, así como exigir la correspondiente solicitud de acceso para la extracción y la consecuente participación en los beneficios que de dicha extracción o uso se obtengan.

 

Como modo de presionar a nuestros legisladores nacionales y marcar rumbos en la protección de nuestra soberanía alimentaria, cultural y de los derechos de nuestras comunidades y agricultores familiares, es tiempo de hacer valer nuestro federalismo a través de la regulación de estos aspectos de la propiedad de la tierra y los recursos genéticos y de biodiversidad sobre cuyo régimen de acceso y beneficios tienen la atribución de legislar.

[1] Existen en Derecho dos tipos de presunciones: Las "iuris tantum", que admiten prueba en contrario, y las "iures et de iure", que no la admiten. Estas últimas, atento no poderse revocar por medio demostrativo alguno, aún cuando sea manifiesta su imposibilidad, constituyen "ficciones jurídicas", que a todos los efectos legales se toman en cuenta "como si" fueran tal como lo indican.

 

[2] Desde la tradición romana el poder daba cuenta de las propiedades anexadas. Sin separación entre Derecho Público y Privado, el encargo o el mandato eran constitutivos de propiedad. Todavía en nuestro Código Civil las advertencias indicadas respecto de la obra y su sustrato material, resulta asimilable a las previsiones del contrato de locación de servicios, que en el ámbito rural adoptó también la forma de aparcerías. Así:  “Encargar una obra, dicen los jurisconsultos romanos, convierte en adjunción propietaria la forma dada por el sano al material que se le confió. Sea un pintor o un escriba: la pintura o los caracteres trazados pertenecen inmediatamente al propietario de la tableta o del pergamino, de la misma manera que vuelven al dueño del suelo, el edificio construido o la cosecha sembrada por un tercero. (…). “Si la materia es aquí lo principal y la forma lo accesorio, es porque por este medio, el derecho romano lograba constituir un régimen de trabajo artesanal que da la primacía al encargo y al uso: la materia primera sirve de sustrato a la operación que busca anexarse, abajo el modo jurídico de la adjunción y del acrecentamiento, la propiedad de una cosa fabricada por otro. desde este punto de vista, el sustrato por excelencia, es el suelo – el suelo que atrae a él la propiedad de los frutos sembrados, los árboles plantados, los edificios construidos por terceros.”  Yan THOMAS: “Operaciones jurídicas romanas sobre el trabajo”, en Yan THOMAS: “Los artificios de las instituciones”, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1999, pag. 56/7.

[3] Acerca de dicha transformación histórica cuya recepción operó en nuestra legislación civil, puede verse, para Francia: DUBY, George: "“Economía rural y vida campesina en el occidente medieval”, Ed. Altaya, Barcelona, 1999; para Inglaterra: THOMPSON, Edward.P.: “Los orígenes de la Ley Negra”, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2010; para España: CONGOST, Rosa: “Tierras, Leyes, Historia – Estudios sobre la ‘gran obra de la propiedad’”, Ed. Crítica, Barcelona, 2007.

 

[4] Una búsqueda rápida en los registros de patentes internacionales, mediante los nombres científicos de las hierbas popularmente utilizadas en nuestro país, arrojó el siguiente resultado: Patente Estadorunidense Nro. US 2003/0055103 A1, sobre propiedades neuroprotectivas de la “Marcela” (Achyrocline satureoides); Patente Japonesa P2001-322941A) sobre la utilización de la “Salvia Morada” (Limpia alba) para el cuidado de la piel; Patente Japonesa P2005-82561A) sobre usos del “Achiote” (Bixa orellana); Patente solicitada en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para un colorante en base al aceite de “Achiote” (Bixa orellana) Patente solicitada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual WO 2007/113892 A2 sobre la decocción de “Saúco” (Sambucus Nigra) como antioxidante; Patente solicitada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual WO 2005/099728 A1 sobre el uso farmacéutico de la “Planta de la Piedra” (Usnea barbata); Patente alemana sobre el uso farmacéutico de la “Planta de la Piedra (Usnea barbata) a través de un compuesto conformado por esa hierba, agua, bicarbonato de sodio, alcohol y goma xántica DE 20 2004 006 036 U1; Patente solicitada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para el uso de extractos del cedrón (Alloysia tripilla) para el tratamiento de inflamaciones;  Patente japonesa sobre los usos de la “Mburucuyá” (Pasiflora caerulea) P2005-272342ª como antidepresivo y ansiolítico;  Patente Estadounidense US 2006/0088612 A1, sobre el uso de la “Peperina” (Mintostachys mollis) para el tratamiento de infecciones locales; Patente Japonesa para el uso de “Cola de Caballo” (Equisetum giganteum) para uso dermatológico.

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