El Estado gasta más de 2.000 millones de euros en publicidad institucional desde el inicio de la crisis

¿Usted apagaría la calefacción en invierno para moderar el consumo de luz si se lo dijese Imanol Arias o bebería más vino español si Julia Otero le recomendase cómo y cuándo hacerlo? Estos son dos casos reales de publicidad institucional con los que el Gobierno de España difunde mensajes de tipo informativo a la ciudadanía a través de los medios de comunicación en diferentes soportes. En esta materia, el Estado ha gastado más de dos mil millones de euros desde el inicio de la crisis.

En diciembre de 2005 entra en vigor La Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que se complementa con la Ley de Contratos Públicos de 2007. Con ambas se pretende dar carpetazo a las pautas de promoción anteriores, poco claras y tendentes al autoelogio, orientadas a ensalzar la labor del Gobierno o de determinadas administraciones públicas. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley las campañas de carácter comercial (Renfe, Puertos, Aena.…), cuyas cifras se hacen públicas en los Planes anuales e Informes de Publicidad y Comunicación institucional elaborados por una comisión de expertos creada para tal fin.

Desde el año 2006 hasta la actualidad, el Estado ha creado 1.303 campañas por un coste total de 2.011.186.845, según los datos de la Secretaria de Estado de Comunicación. Si bien es cierto que, desde el año 2007, ha ido progresivamente disminuyendo el gasto, desde los 331 millones de entonces, a los 147 millones contemplados para 2014.

Cabe mencionar que los datos definitivos correspondientes al año 2013 están pendientes de publicarse, como para el caso del presente ejercicio todavía en curso. Para ambos años, las cifras extraídas se corresponden con el plan presupuestario y no con el informe ejecutado.

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Entre los objetivos de la regulación en materia publicitaria, se encuentran la promoción de los valores y principios constitucionales, el derecho de informar sobre el funcionamiento y condiciones de uso de los servicios y espacios públicos, advertir de la adopción de nuevas normativas, el anuncio de medidas preventivas relativas a la salud pública o al patrimonio natural, el apoyo a sectores económicos españoles en el exterior o la difusión de las lenguas y el patrimonio histórico.

Fomento, a la cabeza

El Ministerio de Fomento es el que más campañas acumula en su haber. Un total de 246 con un coste de 209 millones de euros. Entre ellas, se incluyen también aquellas de carácter comercial como la promoción de entidades de ámbito estatal como Renfe Operadora, AENA, ADIF, Puertos del Estado o Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO).

Quien se lleva la palma de peso inversor es el Ministerio de Hacienda, con un gasto en promoción y publicidad de 783 millones de euros en ocho años para un total de 221 campañas. En esta cifra computa también la publicidad de índole comercial vinculada a Radio Televisión Española, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Loterías y apuestas del Estado o El Hipódromo de La Zarzuela, así como las demás entidades que forman parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El Ministerio de Industria ocupa el tercer lugar en el ránking de creación publicitaria tanto por número de campañas, 116, como por cantidad invertida, 409 millones de euros. Al igual que los anteriores departamentos, Industria soporta también el peso del gasto en campañas de empresas de carácter estatal, cuya promoción y/o divulgación para conseguir un beneficio comercial adquiere un gran peso específico. En este caso, se contabilizan las comunicaciones en medios de Paradores de Turismo o Turespaña.

El ministerio de Interior alcanza los 130 millones de gasto en publicidad y comunicación por 80 campañas desde 2006. La Dirección General de Tráfico y las campañas de lucha y concienciación contra el terrorismo se llevan la mayor parte del gasto, sin contar el notable incremento de inversión en época electoral.

Campañas de 3 millones de euros

El Ministerio de Agricultura (anteriormente de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente Rural y Marino) ha destinado grandes sumas de dinero para tal fin. El primero ha destinado 122 millones de euros para 151 campañas, y el segundo, a una distancia considerable, 85 millones de euros para 76 campañas  (contabilizando las llevadas a cabo por el Ministerio de Igualdad).

Algunas de las promovidas por estos dos Ministerios han sido Campañas de Consumo moderado del agua (145.000 euros), Información y Sensibilización en Materias Relacionadas con la Igualdad y los Servicios Sociales (1,3 millones de euros), promoción de etiquetado de alimentos (809.000 euros), “Infoagua”: Una Exposición Itinerante sobre la Desalinización por la Costa Mediterránea (1,074 millones de euros), Consumo Pescado Población Infantil 2007 (3 millones de euros), Salud y Hábitos de Vida (3 millones de euros),campaña de promoción de una alimentación sana y del ejercicio físico (200.000 euros).

Por su parte, el Ministerio de Defensa, con uno de los presupuestos más modestos en campañas publicitarias desde la entrada en vigor de la Ley en 2005, presenta el ratio de inversión por campaña más alto. Por solo nueve campañas ha destinado 69 millones de euros.

Los principales beneficiarios de la publicidad institucional del Estado son sin duda, los medios de comunicación. Desde 2009 a 2012, se han embolsado por este concepto 553.748.397 euros, llevándose la mayor parte del porcentaje las televisiones, según los últimos datos publicados por la Secretaria de Estado de Comunicación. 

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Alerta del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas a principios de 2013 publicó dos informes (veánse aquí) en los que alerta de la falta de planificación y control de los contratos de publicidad institucional en los años 2005, 2006 y 2007. El organismo fiscalizador destaca que, en dicho periodo de tiempo, no se justificó la necesidad de formalizar los contratos y se buscó evitar los requisitos de la Ley de Contratos mediante la firma de convenios, según apunta Europa Press.

Además, el Tribunal ha advertido la existencia de contratos fraccionados por cuantías menores para eludir los requisitos de publicidad.

 

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2 comentarios

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Esme Paul7 d abril d 2014 a las 09:14 (UTC)
Vergonzoso!
Luisete Gamazo cogvg@hotmail.com6 d abril d 2014 a las 17:29 (UTC)
Es alucinante. No hay por donde cogerlo. A veces pienso que la vida es todo teatro como dice la canción.

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